jueves, 31 de octubre de 2013

NUEVO CONTRATO NOTARIAL.


La reforma del Código Civil autorizará matrimonios y divorcios ante notario, con la futura Ley de Jurisdicción Voluntaria, fijando un arancel de 95 euros por enlace, si bien en el último caso estará sujeto a que no existan menores y se produzca de mutuo acuerdo entre la pareja.

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministro, ha asegurado que se trata de una medida que permitirá agilizar las listas de espera del Registro Civil con "un coste asumible dentro del coste general de celebración de una boda".

Ha explicado que no se trata de una privatización, puesto que se trata de un nuevo servicio público que, al igual que otros, puede ser gratuito o estar sujeto a un precio. En este caso, ha recordado que los 95 euros es un precio inferior al propuesto por algunos ayuntamientos que optan por cobrar estos servicios (puesto que son libres para fijar tasas por matrimonio).

"Con esta medida los registros civiles se verán descongestionados como ya pasó cuando se habilitó a los ayuntamientos y la idea es que no haya diferencia en la calidad del servicio", ha recordado el ministro, quien ha apuntado que también supondrá ventajas como el hecho de que a partir de ahora pueda desplazarse el notario, algo que resultaba imposible para otros funcionarios públicos.

Hasta ahora, en España existían tres vías para la celebración del matrimonio: uno ante las confesiones religiosas con convenio en España, cuya celebración se inscribía en el registro; otro el proceso civil ante el encargado del registro civil (juez); y otro la celebración ante alcaldes o concejales.

"Hay una nueva oferta de servicios y había que fijar el arancel, que el Gobierno prevé fijar en 95 euros por cada matrimonio. 

En el caso del divorcio, Ruiz-Gallardón ha reiterado que únicamente podrá hacerse ante notario en los casos en los que no existan menores y exista mutuo acuerdo entre los dos cónyuges, ya que se tratan de casos en los que el convenio regulador no contempla la intervención del fiscal.

El ministro Gallardón y el gobierno de Rajoy han buscado una solución para que los notarios sigan haciéndose más ricos ahora que la construcción en España está en horas bajas y las ventas de pisos no dejan las cantidades que ingresaban en su cuentas los notarios en esa época de vacas gordas.

Se saca de la manga una nueva forma de contraer matrimonio en España y también una nueva manera de acceder al divorcio por el módico precio de 95 euros.

Lo que sale de este gobierno de Rajoy beneficia a los de siempre y principalmente a aquellos que han sido sus fieles votantes. De manera que tendremos hospitales privatizados, notarios que casan o divorcian, una justicia que para acceder a ella en una apelación nos debemos rascar el bolsillo y una política de recortes que cada día nos hace más pobres.

Pero estamos esperando el capítulo del aborto, para conocer las intenciones del Sr. Ruiz- Gallardón, aunque nos tememos que presentará una ley en la que las mujeres que no tengan dinero para ir al extranjero a abortar, no encontrarán las facilidades que les ha dado la ley hasta este momento. Gallardón no abandonará a la Iglesia de Rouco ni la traicionará. Mantendrá lo que la Iglesia le sugiera y se mantendrá en contra de lo que las mujeres tanto han defendido: “El derecho a decidir lo que quieren hacer con su cuerpo y su conciencia” 





LOS SÍMBOLOS FRANQUISTAS.


No hay mejor defensa para conseguir que te crean que no decir la verdad y eso es el sistema empleado por el Ministro Ruiz- Gallardón en el Congreso de los Diputados cuando ha contestado al diputado del PNV Emilio Olabarría, quien le ha preguntado si el Ejecutivo piensa cumplir con la normativa retirando los 1.300 símbolos que aún existen en el Estado español, según sus cálculos.

El ministro ha corregido a su interpelante precisando que en la actualidad de los 705 vestigios franquistas inventariados se ha procedido a retirar 608, es decir casi el 90 por ciento. "Y los que no se retirado --que suman 97-- es porque exigen procedimientos largos, costosos o de impacto", ha puntualizado.

¿Es que este hombre no tiene los pies en la Tierra para darse cuenta que nadie le creerá la irrisoria cantidad de vestigios franquistas que dice que aún quedan?¿ Ha estado este Sr. en nuestras islas – por poner un ejemplo – donde existen calles, plazas y lugares que recuerdan al dictador y nadie hace nada?

El Ministro quiere demostrar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al contrario de lo que defienden los nacionalistas vascos y el resto de la oposición, sí cumple con la Ley de Memoria Histórica.

Sin embargo, el parlamentario peneuvista Olabarría ha replicado que el millar largo de vestigios "fascistas" que insiste que existen en todo el Estado acreditan una actitud "insumisa" del Gobierno en relación con la Ley de Memoria.

Una posición, en opinión de Olabarría, responde a la existencia de unos 800.000 votantes pertenecientes al franquismo "nostálgico y residual" que buscan en el PP "leves gestos simbólicos" porque nos les terminan de convencer los nuevos partidos "neofascistas" que están surgiendo.

Centrándose en la ciudad de Madrid, Olabarría ha criticado que aún hoy haya 165 símbolos y calles con nombres franquistas, entre las que ha citado las calles de los Caídos de la División Azul o la del General Yagüe.

También ha puesto de relieve en relación con el carácter sacramental de algunos de estos símbolos unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, apuntando que para una "auténtica y sana" purificación de la memoria "lo mejor era el olvido". "Ustedes lo han interiorizado: Los muertos malos a los altares y los muertos buenos a las cunetas. No quieren cumplir porque no quieren cumplir", ha concluido.

En su turno, el ministro ha presumido de que durante su etapa como alcalde de la capital española, en concreto en 2009, retiró a Francisco Franco el título de Alcalde Honorífico, de Hijo Adoptivo, la Medalla de Oro y la Medalla de Honor y ha remarcado, a renglón seguido, que el único monumento que permanece con el nombre del dictador es el Arco de la Victoria, que pertenece a la Universidad Complutense, "cuyo rector por cierto es hijo de Santiago Carrillo".

Nos parece que el ministro no ha estado muy acertado en responsabilizar al hijo de Carrillo de no hacer desaparecer el Arco de Triunfo cuando sabe que es el gobierno de la Comunidad de Madrid o su alcaldesa quienes tienen la potestad – no de destruirlo – sino de cambiar el nombre, que es lo que tenían que haber llevado a cabo desde hace mucho tiempo.

Seguiremos teniendo símbolos franquistas y fascistas durante muchos años si siguen gobernándonos una derecha cuyos miembros son familiares de aquellos que tuvieron el poder y que siguen estando en la sombra controlando que nunca se lleve a cabo el contenido de la Ley de la Memoria Histórica.

DON MANUEL, DICE QUE TODOS MIENTEN.


Hace unos días que les hablábamos de los insultos que recibimos todos los canarios por parte del diputado regional del PP Manuel Fernández llamó indirectamente "gilipollas" a quienes se oponen a la extracción de petróleo cerca de Fuerteventura y Lanzarote.

Pero ayer, este Sr. dice que todo ha sido una mentira urdida por CC y el PSOE para desprestigiarle. En un estado de gran nerviosismo y gesticulando de una manera violenta, el Sr, Fernández llamaba mentirosos a todos los que se atrevían a poner en duda que él no había insultado a nadie.

Pero como suele ocurrir, no se dio cuenta que todo lo que se habla en el hemiciclo queda reflejado en acta y ahí fue donde le arreó el socialista Manuel Fajardo que se sacó de la manga el diario de sesiones del último pleno de hace dos semanas para ratificar el insulto proferido por el popular.

Una bofetada verbal que hizo levantar de su escaño a Fernández y correr hacia el diputado del PSC-PSOE, minutos donde el nerviosismo se adueñó del hemiciclo.

El rifirrafe transcurrió durante la comparecencia del consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, solicitada por el PP, sobre el informe ambiental de los sondeos de Repsol. Un estudio que describió como "un monumento a la falta de rigor y a la precipitación", inserto en "una chapuza administrativa".

Todos los grupos, salvo el PP, alertaron de los riesgos de derrames, efectos en la flora y fauna marina y repercusiones sísmicas.

Todo transcurría tranquilamente, hasta que subió a la tribuna Manuel Fernández. Al borde del infarto y a voz en grito, defendió la extracción de crudo cerca del Archipiélago. "Voy a luchar para que Marruecos se lleve el menor petróleo posible", exclamó el miembro del PP en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, que censuró a CC y Partido Socialista "cómo están hablando de tsunamis con dos pequeños pinchacitos", en alusión a los sondeos previstos por la multinacional.

Según él, "es mentira que se pueda hacer fracking en aguas profundas" y "en el peor de los escenarios será a 50 kilómetros de la costa". Entre las "inexactitudes" sobre este debate la que más le ha dolido es que Manuel Fajardo comentara que él tachó de "gilipollas a quienes se oponen" a la búsqueda del crudo. "Eso es mentira, nunca lo dije", subrayó. En actitud aireada Fernández declaró que se limitó a reproducir parte de un artículo de opinión de otra persona, que indicaba que los marroquíes juzgan así a los isleños por no querer sacar petróleo frente a sus costas. "Usted le dio la razón", espetó Fajardo.

Los populares canarios están empeñados en hacer lo que su presidente regional y ministro el Sr. Soria ha defendido hasta este momento aunque pongan en peligro nuestras costas y la industria hotelera y turística de la que estamos viviendo.

Para estos irresponsables es más importante Repsol que el pueblo canario al que representan. 








EX CONSEJEROS DEL PP IMPUTADOS.


El juez del Juzgado número 4 de Instrucción de Madrid, Marcelino Sexmero puntualiza que los exconsejeros Manuel Lamela y Juan José Güemeses están imputados por prevaricación y cohecho, mientras la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty, contra el que no va la querella), está imputada por malversación de caudales públicos. Asimismo, aclara que las empresas que gestionan privadamente la sanidad pública (Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE), están imputadas también por cohecho, como parte necesaria para que los consejeros hubieran cometido los presuntos delitos por su parte. Los primeros pasos del proceso privatizador se iniciaron durante la dirección de Lamela, como consejero entre 2003 y 2007 y durante la de Güemes, entre 2007 y 2010.

El juez también concreta las imputaciones por malversación de caudales públicos contra el actual director general de Hospitales, Antonio Burgüeño, y la actual vice consejera, Patricia Flores.

El juez, que denunció presiones de la Fiscalía, responde con su auto, además, al fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, que declaró a Europa Press que “la admisión de la querella puede ser cautelar, pero mientras no se concreten las conductas delictivas no procede llamar a declarar en calidad de imputados a las personas respecto a las que no se han concretado qué conducta delictiva mantienen”. Ahora el fiscal podrá tener claros los presuntos delitos.

Además de los referidos recursos resueltos por el juez con su nuevo auto hay un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Si este órgano revocara la decisión del juez Sexmero, podría eliminar la única acción penal contra los procesos de privatización del Gobierno del PP en Madrid.

La aclaración del juez con su nuevo auto de las imputaciones contra Lamela y Güemes llega el mismo día en que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, les entregara a ambos la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo en agradecimiento a su “buen hacer”, su “trabajo” y “esfuerzo”.

En la ceremonia, a la que ha asistido la presidenta que lideró el proceso de privatización de la sanidad madrileña, Esperanza Aguirre, fueron premiados otros siete antiguos consejeros de la Comunidad de Madrid. González ha explicado que con estas distinciones se quiere expresar “el reconocimiento hacia aquellas personas que han contribuido su trabajo a engrandecer la región” y haber estado “ al servicio de los madrileños”.

“A todos los conozco bastante bien, sé de las convicciones de todos ellos, de sus principios y, sobre todo, de su compromiso con los madrileños”, ha dicho el sucesor de Aguirre, antes de añadir que hoy “no está de moda” hablar “bien de los políticos”, las afirmaciones de que “todos son iguales” son “profundamente injustas” y que, si bien hay “quienes no son acreedores del reconocimiento de sus méritos”, la “inmensa mayoría son ejemplares y han dado lo mejor de sí mismos”.

Muy oportuno el homenaje a estos personajes que tendrán que demostrar a la justicia que la privatización de la Sanidad Pública madrileña la llevaron a cabo por el bien de todos los madrileños y que ello solamente han sido unos justos gestores.

Este asunto no hace nada más que empezar. A partir de ahora veremos de qué manera demuestran estos dos personajes que ellos solamente han sido los guionistas de esta película y que si existe algún personaje malo de la película seguramente era Zapatero, como siempre.










UN DICCIONARIO BIOGRÁFICO QUE DESINFORMA.



La biografía dedicada al presidente del Gobierno, en el Diccionario Biográfico Español (DBE), obra de la Real Academia de la Historia (RAH), en sus tres nuevas entregas detallan la personalidad de Rajoy y terminan así: ''En lo personal, Mariano Rajoy se ha definido a sí mismo como amante de la lectura y apasionado de los deportes, introvertido y discreto''.

Es la guinda a una bonita trayectoria política, en la que cuando se han presentado problemas han sido resueltos con diligencia y eficacia. El relato sin mácula de Mariano Rajoy, retransmitido en tiempo real mientras preside este país, produce un curioso choque de realidades.

En las cinco columnas que le dedica la obra que recoge las voces de las personalidades más relevantes de la Historia de España, y que tantos disgustos le ha causado a la comunidad científica, se presenta a un Mariano Rajoy nuevo, remozado, impoluto y perfecto. Ha bastado una operación de cirugía histórica, para dejar magros los movimientos biográficos del protagonista hasta su llegada a la cima. Un lifting vital que limpia y da esplendor desde los grandes acontecimientos a los detalles ridículos, como su paso por el Ministerio de Cultura.

Porque gracias a Rajoy “el Estado adquirió el retrato de la condesa de Chinchón pintado por Francisco de Goya y se facilitó la dotación de una sede a la Academia de Cinematografía”. Y se hicieron “inversiones importantes” en los archivos de Indias, General de Simancas, “entre otros”, y, sobre todo, “se logró un acuerdo sobre el destino definitivo de la documentación generada durante la Guerra Civil”. Se refiere la autora de la entrada, Elena San Román (la misma historiadora que ejecuta la de Rodrigo Rato), a los papeles incautados que más tarde ha habido que devolver a sus lugares de origen logrando nuevos acuerdos.

El refuerzo de la imagen política del presidente arranca desde su misma formación, recurriendo una y otra vez a la propaganda barata: “Como ministro del Interior, Mariano Rajoy vivió los atentados terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos. Fue, de hecho, el primer ministro del Interior europeo que solicitó un encuentro con los representantes de la Administración estadounidense”.

Otro de sus hitos, que quizá la ciudadanía no ha valorado lo suficiente: “Le tocó afrontar tres crisis políticas relevantes: en primer lugar, la invasión de la isla de Perejil, muy cercana a Ceuta, por miembros de la Gendarmería Real marroquí en julio de 2002. La situación generó notable tensión entre la diplomacia de ambos países y fue finalmente resuelta, sin consecuencias, mediante e desalojo del contingente marroquí por parte de las Fuerzas Armadas españolas”.

La otra crisis a la que se refiere el artículo de la obra que ha costado cerca de siete millones de euros a los españoles, es el hundimiento del Prestige. Ya avisamos de que no van a encontrar la más mínima mancha de los hilillos de plastilina. “Petrolero liberiano que operaba con bandera de Bahamas, que naufragó frente a la costa gallega en noviembre de 2002. Mariano Rajoy fue el presidente de la comisión interministerial encargada de afrontar la catástrofe medioambiental que supuso el vertido del buque y que preparó el Plan Galicia de ayuda para compensar a los damnificados”. Y nada más.

La tercera crisis fue la “generada por la guerra de Iraq”. En realidad, lo que generó la crisis fue el clamor contra la intervención justificada en unas armas de destrucción masiva invisibles e inexistentes. Un matiz importante que abrillanta el perfil del retratado para la posteridad, porque esta biografía es más propia de campaña electoral que de manual histórico. De hecho, sin empacho, Elena San Román aclara el motivo por el que su protagonista no pudo ser presidente a la primera: “El atentado terrorista de Atocha del 11 de marzo de 2004, tres días antes de la selecciones generales, influyó en la opinión pública y provocó un vuelco en los resultados electorales que habían anunciado todas las encuestas”.

El rigor histórico ya quedó maltratado en este diccionario con la entrada de Francisco Franco, realizada por Luis Suárez, para quien el dictador “montó un régimen autoritario, pero no totalitario”. La amabilidad parece ser el principal recurso histórico con el que se sigue construyendo (faltan siete volúmenes) este edificio con cimientos de barro, que encarga las biografías más delicadas a aduladores del retratado más que a reconocidos especialistas, como es el caso de Juan Luis Cebrián y la entrada dedicada a Felipe González. 

La maniobra oportunista con Rajoy especifica que, cuando fue nombrado candidato por primera vez, “dedicó los meses previos a las elecciones a formar el programa y a un intenso intercambio de opiniones con algunos de los líderes políticos extranjeros más destacados”. Por supuesto, entre tanto jabón no encontrarán una sucia burbuja sobre los casos de corrupción que asuelan al partido que preside: Gürtel y Bárcenas. Ni una línea. Tampoco una sola dedicada al rescate de la banca o al paro incontrolable.

El resumen curricular que hace el Diccionario Biográfico Español sobre Mariano como presidente no es menos adulador. “Durante los primeros meses de actuación de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno español se hicieron sentir con mayor intensidad los efectos de la recesión económica que asola España y las medidas para reactivar la economía”. El repaso que se hace a continuación no pasa de la justificación de sus labores.

Ya al final del panegírico se especifica con la boca chica que Rajoy tiene un récord como presidente: dos huelgas generales en un año. “En el ámbito laboral se promulgó en marzo de 2012 el decreto ley de reforma laboral que abarataba el despido y flexibilizaba las condiciones laborales”. Estos son los “ajustes” que han originado las manifestaciones.

El Gobierno de Rajoy, explica Elena San Román, ha emprendido “reformas estructurales en los ámbitos de justicia, educación, transparencia y buen gobierno, modelo energético y sector público”. Así como en los currículos se esconden los fallos y las lagunas, se habla un inglés avanzado y se conocen los mil comandos del Excel, esta entrada de Mariano Rajoy como biografía tiene que ver más con una novela o una película que con la cruda realidad.

Y este bódrio nos cuesta a los españoles unos millones de euros para que las generaciones futuras conozcan la historia de nuestro país bajo el prisma de una señora que no tiene ni idea de la realidad en que vivimos y lo que le interesa es hacer la pelota al PP para seguir ganando un buen sueldo y que su nombre aparezca en las páginas de ese Diccionario como una gran historiadora, cuando cualquiera que lea con detenimiento esta homilía dedicada a Rajoy, se darán cuenta que es una historiadora mediocre, indocumentada y partidista. En una palabra: Una persona aprovechada.





LA LIDERESA DEBE DECLARAR COMO TESTIGO.


El caso Gurtel sigue adelante y en el camino veremos desfilar a personajes de la política nacional que de una u otra forma han tenido algo que ver con el mismo.

El juez Pablo Ruz ha acordado que se cite a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre para aclarar su papel en la contratación de la entidad Easy Concept, empresa vinculada a la trama mafiosa liderada por Francisco Correa.

En un auto notificado hoy, el juez considera que se la debe citar, tal y como pidió la acusación ejercida por el PSOE, para confirmar las manifestaciones que realizó ante distintos medios de comunicación y que se refieren a la prohibición que habría efectuado a Alberto López Viejo (ex consejero regional imputado en la causa) de contratar con Easy Concept.

Aun en contra del criterio de la Fiscalía, el juez considera que, "sin perjuicio de compartirse con el ministerio fiscal que de las diligencias hasta ahora practicadas no resulta indicio alguno de participación o consentimiento por parte de la señora Aguirre en la irregular operativa de contratación llevada a cabo por la Comunidad de Madrid", su declaración resulta "necesaria, útil e idónea" en cuanto que "se podrá incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido por parte de la señora Aguirre".

La presidenta del PP Madrid no ha tardado en reaccionar a la citación del juez Ruz. En su cuenta oficial de Twitter, Aguirre ha afirmado estar "encantada de colaborar con la Justicia para que se depuren todas las responsabilidades en el Caso Gürtel", según la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Según el auto del juez Ruz, "se podrá incidir en la supuesta instrucción o indicación que el imputado López Viejo habría recibido por parte de la señora Aguirre la prohibición de contratación de actos y eventos con la mercantil Easy Concept".

La lideresa puede declarar por escrito, dado que los hechos investigados se produjeron cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque también puede acudir en persona a la sede de la Audiencia Nacional de la calle Prim, cosa que deberá notificar en los próximos días.

Ruz sostiene que López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia, habría recibido "cuantiosos pagos" del entorno de Correa "como consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad Autónoma de Madrid". Se estima que el-imputado de prevaricación, cohecho, malversación y delito fiscal- habría conocido las prácticas que se hacían en el gobierno regional para fraccionar los contratos y amañar concursos con la concurrencia de diferencias empresas vinculadas todas a Correa, a cambio de comisiones de entre el 5 y el 11,5 por ciento.

El juez sostiene que López Viejo intermedió para contratar "no de forma directa con sociedades vinculadas a la organización de Francisco Correa, sino a través de sociedades pantalla o velo, para ocultar la identidad de la empresa que realmente prestaba los servicios".

Indica que "todos los testigos que han declarado sobre los hechos a los que afectaría la diligencia solicitada han coincidido en atribuir fundamentalmente a López Viejo la selección indiciariamente irregular de las empresas y el seguimiento de su pago".

El juez considera que no se puede posponer la citación de Aguirre puesto que la instrucción de Gürtel se encuentra en su "fase final", y ahora la expresidenta tendrá que comunicar al juzgado si declarará por escrito o en persona, opción se dio a María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, quienes eligieron ir en persona a la Audiencia Nacional.




miércoles, 30 de octubre de 2013

ULTRADERECHISTA PELIGROSO.


Un joven ultraderechista ha sido arrestado en su domicilio de Torrevieja (Alicante) por agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía. El detenido, de 19 años, "tenía en su domicilio banderas nazis y franquistas, que han sido incautadas por los investigadores, así como dos ordenadores portátiles y dos discos duros", explicó la Policía este miércoles. 

Tras difundirse públicamente la noticia este miércoles, Falange Española y de las JONS aseguró a través de las redes sociales que el detenido tenía carné de "simpatizante", pero no de "militante" de la organización ultraderechista. Además, negó que D.V.G. actuase "con el consentimiento" de Falange. "Condenamos este tipo de delitos cuyas consecuencias conocemos perfectamente pues somos objetivo de los mismos de forma habitual", aseguró el partido en Facebook. 

El ataque informático perpetrado se conoce como DDoS (denegación de servicio distribuida) y consiste en que un gran número de ordenadores se comuniquen con un sistema informático de manera simultánea, por ejemplo que todos ellos visiten una página web y soliciten datos al unísono hasta conseguir que el objetivo se sature y deje de estar accesible. Además de los medios citados, también fueron tumbadas las webs de Periodismo Humano y El Plural. 

Además de los ataques informáticos, en la redacción de infoLibre se recibieron dos correos electrónicos con amenazas de muerte. En uno de ellos se afirmaba que militantes de Falange Española colocarían un "explosivo cerca de la redacción". 

El miércoles 23 de octubre, a través de una cuenta de Twitter, se lanzaron amenazas de muerte explícitas contra un responsable de infoLibre. Esta vez la reivindicación la hacía un grupo denominado Comando Cibernético Fascista del Imperio Español. 

En una nota de prensa difundida por la Policía se indica que el ultraderechista arrestado "había creado varios perfiles en distintas redes sociales desde los que reivindicó los ataques en nombre del Comando Cibernético Fascista del Imperio Español. Tres redes de ordenadores infectados en todo el mundo han servido para saturar las webs de más de cinco periódicos online españoles". Además de los daños económicos y de imagen sufrida por los medios, la Policía destaca que los hechos supusieron "la privación del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos". 

Durante la entrada y registro de la vivienda, añade la Policía, "los agentes se han incautado de dos ordenadores portátiles, dos discos duros y diversa parafernalia nazi y ultraderechista como banderas o prendas de vestir".

Una vez más, la ultraderecha enseña su patita aunque esta vez y según Falange Española por medio de un simpatizante y no un militante. A nosotros nos queda una duda: ¿Los partidos políticos españoles tienen carnet para militantes y para simpatizantes? Que nosotros sepamos se tiene carnet de militante pagando la correspondiente cuota. Salvo que los estatutos de Falange concedan dos tipos de carnet.

Es muy grave que un chaval de 19 años tenga la mente tan enferma como para amenazar de muerte a alguien.

Esperamos que la justicia lo ponga en la cárcel y que allí se dé cuenta que la sociedad en la que piensa dejó millones de muertos y unos campos de exterminio en los que se quitaba la vida a las personas como si de la práctica de un deporte se tratara.














LOS NOMINADOS A EUROPA EN EL PP.


En el PP empiezan a moverse aquellos que tienen interés en figurar en las listas de las Elecciones Europeas.

En el PP se atreven a aventurar que las reuniones que Cañete ha mantenido con la secretaria general en la sede nacional de la calle Génova en las últimas semanas forman parte de la consolidación de la candidatura del ministro. En este sentido, Arias-Cañete tiene a su principal rival interno en Jaime Mayor Oreja, actual portavoz del Grupo Popular en el Parlamento Europeo. El ex ministro del Interior -de quien su propio partido, hasta hoy, garantizaba que no repetirá en la lista europea- se siente reforzado por su papel de líder del ala dura del PP, especialmente, tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot y la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) el pasado domingo, en la que fue recibido a gritos de "¡Presidente!".

Mayor está aprovechando el temor del PP a perder esa considerable base electoral que siempre le ha votado para postularse de nuevo como candidato europeo y reconciliar al sector más ultra del partido con el Gobierno y la dirección nacional del partido.

Otros nominados para esas listas a Europa además de Wert, Arias Cañete o Mayor Oreja, en el PP se sigue apostando por que la ministra de Sanidad, Ana Mato; el vicesecretario general de política territorial, Javier Arenas, o el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, estarán en las listas para junio. Tampoco se acaba de descartar a Esperanza Aguirre, por su tirón electoral y porque a Rajoy le gustaría llevarla en la lista, aunque, a su pesar, no se atreva a descartarla definitivamente tampoco como candidata a la Alcaldía de Madrid. Sin olvidar el nerviosismo que impera entre los eurodiputados que ya tienen su escaño en el Parlamento Europeo y se resisten a abandonarlo.

Si nos fijamos, en esa lista de intenciones figuran tres ministros algunos de ellos quemados por su incompetencia como Wert y Ana Mato. Un Cañete que quiere desaparecer de la política en España para darse un nuevo respiro europeo. Pero es que esta lista no tiene desperdicios si es verdad que Arenas desparece políticamente y se aleja del caso Bárcenas. Y por último, pensar que esperanza Aguirre pueda ir en esas listas, no podemos creerlo. La Lideresa es “ la mosca cojonera” de Rajoy y tiene claro que espera llegar al único cargo que le queda: la Alcaldía de Madrid, aunque seguramente no le hace ascos quitarle la silla a Rajoy para querer llegar a la Moncloa.

El último en apuntarse a esta lista de candidatos a candidato a un escaño en el Europarlamento ha sido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, algo que él mismo ha trasladado en varias ocasiones a su círculo de colaboradores más próximo. El deseo de Wert, según fuentes del PP que conocen esta aspiración del ministro, pasa por que se apruebe la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y abandonar un departamento que ha superado en varios puntos la media de presión soportada por sus compañeros de Consejo de Ministros. La gestión del titular del Educación ha conseguido un consenso inédito: poner en contra del Gobierno a toda la comunidad educativa y lograr que el ministro sea el peor valorado del Ejecutivo en todas las encuestas.

En el PP reconocen que el presidente del Gobierno sigue teniendo una buena opinión de su ministro -que no comparten mayoritariamente en el partido- y le reconoce el mérito de haber sacado adelante una ley muy controvertida, además, concentrando en él todas las críticas y evitando que lleguen a La Moncloa. Sin embargo, quienes anteponen el pragmatismo de Rajoy a todo lo demás, subrayan que la lista a las elecciones europeas -en la que el PP se juega su remontada de unas encuestas en caída libre desde noviembre de 2011- se confeccionará conforme a lo que al presidente y al partido les convenga electoralmente. Y en este sentido, el asesor Pedro Arriola es quien tiene más capacidad de influencia sobre el jefe del Ejecutivo, que busca mantener e incluso superar los 23 diputados que el PP logró en los comicios europeos de 2009.



¿DECLARARÁ EL SR. LAPUERTA ANTE EL MAGISTRADO?


El ex tesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta no ha podido declarar en el caso Bárcenas por motivos de su estado de salud. Por lo tanto, queda en el aire la posibilidad de saber si los vises que aparecen en los márgenes de los papeles de Bárcenas le corresponden o no.

La Policía Científica consideran técnicamente imposible conseguir la autenticidad de Lapuerta en esas firmas y en el informe enviado y que ya está en las manos del magistrado que investiga la supuesta contabilidad B del PP en una pieza separada del 'caso Gürtel', no es concluyente y sostiene que no es posible determinar si Lapuerta realizó los vistos buenos que aparecen junto a las entradas y salidas que Bárcenas habría anotado en la supuesta contabilidad B.

Ruz solicitó este informe tras someter a Lapuerta a una prueba pericial caligráfica y cotejar sus rúbricas con las que aparecen en los 'papeles de Bárcenas', que el extesorero aportó al juez Ruz el pasado 15 de julio, tras cambiar de estrategia de defensa y admitir la autoría de los manuscritos.

Ruz, que mantiene imputado a Lapuerta junto a Bárcenas y ocho supuestos donantes, interrogará al primero el próximo 4 de noviembre a pesar de que un informe médico forense efectuado por el Instituto de Medicina Legal el pasado 24 de septiembre indicaba que el exdirigente 'popular', de 86 años, no está en condiciones de declarar debido a las "secuelas neuropsíquicas" que sufre.

Los especialistas examinaron el pasado 13 de septiembre al extesorero para certificar si reunía el estado de salud necesario para afrontar una nueva declaración en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la contabilidad B del PP.

Lapuerta estuvo 14 días en coma y quedó "impedido" tras sufrir lo que sus hijos definieron en un comunicado como "dos extrañas caídas" en la puerta de su domicilio.

Seguramente, nunca se sentará el Sr. Lapuerta ante el magistrado Ruz y nunca nos enteraremos si existía contabilidad en B como dice Bárcenas o si son ciertos los pagos efectuados a miembros del gobierno y altos cargos del PP en sobres o cajas de puros.



¿ DÓNDE ESTÁN LOS 200,000 EUROS?


Hoy hemos visto en todos los Telediarios de las diferentes cadenas el recibo que entregó Bárcenas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga esta transacción sospechosa denunciada por el propio extesorero del PP.

El pasado mes de julio, tras conocer las manifestaciones hechas ante el juez por Bárcenas, y la entrega por éste del recibí del dinero firmado por el entonces gerente del partido en la región, José Angel Cañas, la presidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, declaró a la prensa: "Lo único que prueba este documento, que es lógico que exista, si es que prueba algo, es que el gerente del PP en Castilla La Mancha, al igual que el resto de los gerentes regionales del partido, recibirían la asignación para la campaña electoral, de la que Bárcenas entonces, como gerente, era responsable y administrador de la campaña".

Ahora, el PP ha negado al juez Ruz que la formación recibiera en el año 2007 una comisión de 200.000 euros de la empresa Sacyr a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en el Ayuntamiento de Toledo, según han confirmado fuentes jurídicas.

La formación ha remitido un escrito al magistrado en el que ha asegurado que no consta en su documentación y archivos referencia alguna al cobro de la citada comisión. Ruz había solicitado al partido que aportara "toda la documentación contable o de cualquier otra índole, así como la información que tuviere" sobre la recepción de este dinero.

El pasado 15 de julio, el extesorero del PP Luis Bárcenas aportó al juez el recibí por este presunto cobro , firmado por el entonces gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas. Relató, además, que un día determinado de 2007 se reunió con el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el directivo de esta compañía Manuel Manrique y el actual presidente de las Cortes castellano-manchegas Vicente Tirado, con quienes pactó el pago de esta cantidad para la campaña electoral en Castilla-La Mancha.

No obstante, en el escrito aportado por el partido, su director jurídico Alberto Durán especifica que la formación se ha puesto en contacto con Cañas que ha negado haber recibido este dinero.

Ruz ha citado a declarar como imputado para el próximo 6 de noviembre al gerente regional del PP para interrogarle sobre la presunta recepción de los 200.000 euros. El magistrado interrogará también ese día a los responsables de Sacyr Luis del Rivero y Manuel Manrique.

El juez ha pedido también al Ayuntamiento de Toledo el expediente de adjudicación de la explotación del servicio público de basuras, otorgado a Sufi, filial de Sacyr. Ha ordenado, además, un análisis caligráfico de la letra y firma de Cañas que servirá para comprobar la autenticidad del 'recibí' a su nombre que fue aportado al Juzgado por el extesorero del PP Luis Bárcenas.

Lo único cierto de este caso es que 200,000 euros han desparecido y nadie sabe dónde han ido a parar. No están en la contabilidad, nadie sabe quién se lo ha gastado o en que cuenta corriente fue ingresado. Lo cierto es que después de reconocer que fue entregada esa cantidad por Bárcenas – según el recibo- al entonces gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas y que figura con su letra y firma, aunque ahora quiera mirar para otro lado y decir que él no recibió ningún dinero.

Nos gustaría saber que piensa el Presidente de todo este asunto en el que está involucrada su Secretaria General.



LA JUANA DE ARCOS DEL PP.


¿Ustedes recuerdan a la Sra. que se enfrentó no hace mucho con la policía para decirles, más o menos: Ustedes no saben con quién están hablando? Si, mis queridos amigos, se trata de la ex esposa del ministro Wert y tertuliana en distintos medios televisivos.

Pues bien, seguramente por haberle gustado salir en los papeles – no los de Bárcenas – de la prensa se ha tirado al monte discrepando sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de Estrasburgo, llegando a declarar culpable de esa sentencia al expresidente Rodríguez Zapatero.

Este martes, desde ABC Edurne Uriarte insiste en el mensaje mantenido durante la última semana por la prensa afín al PP de que el responsable es Zapatero, por “su negociación con ETA” y libra al Gobierno de Rajoy de cualquier responsabilidad. Lo hace justo después de la manifestación organizada contra la sentencia por la AVT, en la que se abucheó a los miembros del PP que asistieron a la misma y se vertieron duras críticas hacia el presidente del Gobierno.

Culpa al “socialismo zapaterista” y a “significativos sectores periodísticos, políticos o judiciales reacios a la equiparación del terrorismo con otros crímenes”, a los que, según apunta, el expresidente socialista “dio alas”. Estos sectores, argumenta, han justificado “tratos favorables, negociaciones, perdones y olvidos como los que se han producido y que jamás se concederían a otros criminales”.

“Que el ala zapaterista se impusiera en el socialismo ha sido determinante en el fracaso de la deslegitimación” total de ETA y de sus crímenes, escribe la expareja del ministro Wert, en su columna en ABC. Y añade: “La derecha se quedó sola en su firmeza antiterrorista”.

Uriarte señala como consecuencia del socialismo zapaterista y ‘sus sectores afines’ la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. “Ahí está el problema y no en el Gobierno, como equivocadamente apuntan algunos sectores de la derecha y de las organizaciones de víctimas”, afirma.

Sin embargo, admite “la derrota de ETA” y su “renuncia a seguir asesinando”, aunque añade que se trata de una “derrota matizada” porque “no se ha logrado una deslegitimación total de los crímenes etarras”.

No vale la pena hacer ningún comentario a las barbaridades que escribe esta señora a la que nadie conocía hasta que su ex la presentó en público.

La Sra. Uriarte no solo demuestra ser un estómago agradecido al gobierno del PP por permitirle ser la Juana de Arcos que le defiende en todas las batallas televisivas, sino además como profesora es una indocumentada de la historia de España al achacarle a Zapatero la paternidad de la sentencia de Estrasburgo.

Si la Sra. Uriarte no cambia, para ella todo lo que ocurra en España en los próximos años será culpa de Zapatero y una pandilla de rojos que han roto España y que gracias al Cid Rajoy se ha convertido en unos de los países mejores del mundo como diría el ministro Montoro.





martes, 29 de octubre de 2013

LAS RAZONES DE PROTOCOLO DEL SR. POSADA.


¿Recuerdan el caso de la profesora universitaria que hace unos días hicieron que se desnudara para cachearla cuando pretendía acceder al hemiciclo del Congreso de Diputados? ¿ Recordaran que Mar Esquembre, aseguraba que la Policía le obligó a quedarse en ropa interior durante el cacheo que le realizaron antes de poder entrar en el hemiciclo?. 

Hoy, la Junta de Portavoces del Congreso ha visto en su reunión semanal el informe que el presidente de la cámara, Jesús Posada, había encargado al comisario respecto a este caso. Un texto que la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, ha considerado "lamentable y de extrema gravedad". "El informe es claramente inaceptable no solo porque contradice de plano la denuncia efectuada por la invitada, sino porque además se contradice", ha lamentado la representante del PSOE en declaraciones a los medios.

Según ha relatado, en el texto presentado por el comisario del Congreso se habla de un protocolo que se aplica a todas las visitas, incluidas las que son invitadas por los distintos grupos parlamentarios. Así, "se habla de identificación a través de DNI y de una visualización de las ropas para entender que no se porta ningún objeto, al igual que es obligatorio entregar los móviles". 

El PSOE denuncia que a los "ciudadanos en masculino" invitados por otros grupos parlamentarios el mismo día en el que fue invitada Mar Esquembre, les fue aplicado tal cual ese protocolo. Pero denuncia que, a continuación, el informe dice que "en cumplimiento de ese protocolo" a la profesora "se le pidió que se metiera en un cuarto". "Para hacer una visualización externa a nadie se le mete en un cuarto", ha recordado Rodríguez.

A juicio de Rodríguez, "el informe insinúa que no hay porque dar un tratamiento igualitario a todos los ciudadanos si hay sospechas o indicios por parte de la policía", pero la portavoz socialista lamenta que el texto "no explica cuáles son". "A no ser que esas sospechas o indicios sean que viene avalada por un grupo que les pueda parecer sospechoso, o que sea una mujer", ha especulado.

Por eso ha considerado que "es inaceptable el tratamiento que se le dio a esta ciudadana", que "fue claramente discriminatorio". El PSOE ha pedido Posada que esto no vuelva a suceder y le ha emplazado a que garantice "que todos los ciudadanos puedan acceder al Congreso con un tratamiento digno".

Nosotros pensamos que el Sr. Posada manda poco en el Congreso aunque sea el máximo responsable de la entidad. Por encima de él y sus opiniones está su partido y el gobierno. Así que se ha escaqueado en este escabroso tema y de ha aprovechado de su mayoría para poner tierra sobre este caso.

¿Hubiera sido la solución la misma si la invitada fuera una militante en activo del propio PP?

Nos tememos que no le hubieran mirado ni a los ojos.



VERGÜENZA DE EDUCACIÓN.


Lo que voy a contarles, no esperaba que estuviera ocurriendo en ningún colegio de España, pero sin embargo es una realidad que ocurre con los alumnos de colegio público San Juan Evangelista de Arganda del Rey, en riesgo de derrumbe desde 2009.

La Sra. Lucia Figar ha solucionado el problema optado por trasladar a medio millar de alumnos a un centro concertado de la ciudad, pero esta solución ha añadido un nuevo quebradero de cabeza a las familias afectadas, ya que la dirección del centro concertado está dando un trato discriminatorio a los nuevos alumnos.

A las familias afectadas se les dio dos opciones: o se enviaba a sus hijos a Coslada, a un centro que fue cerrado en julio pasado, o se habilitaba un pabellón vacío en el colegio concertado Virgen de la Soledad, en Arganda. Se ha optado por esta última opción. Pero lo que debía ser una solución al problema ha añadido aún más malestar en las familias.

La dirección del colegio concertado ha enviado una carta a los padres de sus alumnos para informarles de los cambios, pero ha entendido que, además, debía tranquilizarles por la llegada al centro de los niños del colegio público.

En la carta “se trata a los alumnos que se van a recibir como mercancía”, al subrayar el hecho de que los niños ya matriculados en el Virgen de la Soledad “no compartirán ningún espacio de manera simultánea” con los del colegio público desmantelado. Incluso se aclara que se modificarán los horarios de entrada para que no coincidan unos niños con otros.

“Queremos transmitiros una tranquilidad absoluta, ya que para que la vida escolar de vuestros hijos no se vea alterada, hemos exigido las siguientes condiciones que garantizan una independencia absoluta. Los horarios de entrada y salida del colegio San Juan Bautista serán distintos, y sus alumnos llegarán al colegio y lo abandonarán en autobuses… No se compartirá ningún espacio de manera simultánea, y los patios, que sí se compartirán, serán utilizados en horarios distintos”, afirma la carta enviada el pasado día 23 por la dirección del colegio concertado a las familias de sus alumnos.

“La Consejería de Educación nos ha comunicado, sin previo aviso ni negociación, la necesidad que tienen de ocupar el edificio de la ESO, actualmente desocupado. Como sabéis, somos un centro sostenido parcialmente con fondos públicos, por lo cual no podemos oponernos a dicha decisión”, continúa la carta.

Para aminorar la carga que deberán soportar estas familias (las del centro concertado), la dirección del colegio les anuncia que les rebaja la cuota mensual de 60 a 50 euros, “en agradecimiento por vuestra comprensión y solidaridad en este asunto”.

Es una vergüenza que en pleno siglo XXI se trate a casi quinientos alumnos como apestados por proceder de un colegio público. Es una vergüenza que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid permita esta situación convirtiendo a unos alumnos que reciben una subvención pública en alumnos de primera en trato, instalaciones y enseñanza. Mientras que los que han ocupado parte de sus aulas sean unos apestados que no merecen ni mezclarse en los recreos.

Después existen personas que no estén conformes con que se ayude con dinero público a los centros privados, si todos esos centros concertados tienen una dirección como la de este Colegio, lo mejor es que no se les de ni un euro y si los padres quieren que sus hijos estudien en un colegio de elite, que lo paguen con su dinero. Pero lo que menos entendemos, es la actitud de esos padres que al recibir una carta tan dañina para la formación de sus hijos, no se manifestaron y pidieron la dimisión de ese energúmeno director. 

Es una pena, pero seguimos teniendo alumnos de primera y de segunda categoría según sea la cuota que tengan que pagar por lo que en los centros concertados llaman “ actividades extraescolares”.





EL VALLE DE LOS CAÍDOS DEBE CAMBIARSE.


El artículo 16 de la ley de la Memoria Histórica, que hace referencia al Valle de los Caídos, fue aprobado prácticamente por unanimidad (sólo tuvo tres votos en contra y 18 abstenciones). Pero no estableció qué hay que hacer con los restos mortales de Franco. La norma sí fijaba que el Valle de los Caídos debía pasar a ser "un lugar de culto y cementerio público, sin que pudieran celebrarse actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".

El Grupo Socialista acaba de registrar en el Congreso una iniciativa que reclama exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y entregarlos a su familia o trasladarlos "al lugar que resulte más adecuado". Además, pide que la tumba de José Antonio Primo de Rivera sea reubicada para que "no ocupe un sitio preeminente en la basílica en el que destaque sobre las demás víctimas".

La proposición no de ley (PNL), pide "resignificar y reconvertir" el Valle de los Caídos en "un espacio para la cultura de la reconciliación, de memoria colectiva democrática" y de "reconocimiento a todas las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura".

El texto defiende que "el personaje máximo exponente de un régimen totalitario contrario a la libertad y a la dignidad de toda la ciudadanía", el "enemigo de la democracia" -es decir, Francisco Franco- no puede "presidir un conjunto monumental que debe servir para homenajear la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil".

La PNL ha sido elaborada por el ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza y será debatida y votada en la Comisión Constitucional del Congreso. Hasta ahora, el PP se ha opuesto a casi todas las iniciativas para eliminar símbolos franquistas o para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica que en su día votó.

En el Valle de los Caídos están enterrados los restos de 33.847 personas, 21.000 identificadas y unas 12.000 anónimas. Es, por tanto, el mayor cementerio de víctimas de la Guerra Civil.

Nos tememos que con el PP su manera de pensar no se conseguirá que ese monumento creado por Franco como un faraón que deseaba que su obra perdurara en los siglos, seguirá allí para vergüenza de nuestros nietos.

Si los gobiernos venideros – sean de la ideología que sea – no se conciencian que tienen que cambiar este macabro lugar, la derecha heredera del franquismo de sus abuelos, no levantará un dedo para aprobar que el Dictador salga de allí camino al cementerio que elijan sus descendientes. Por lo menos tendrá la posibilidad que lo entierren en un lugar al que la familia podrá acudir, contrariamente a los que su régimen asesinó y dejó enterrados en lugares en los que sus familiares nunca podrán ni rezarles una oración.









LA VISITA DE SORIA A LEÓN.


A nuestro paisano, el ministro de Industria, José Manuel Soria, le faltó tiempo para coger una avión y plantarse en León nada más tener noticias del accidente que costó la vida a seis mineros en un pozo situado en el municipio de La Pola de Gordón. Pero el ministro se desplazó hasta León capital, a unos 60 kilómetros del pozo minero.

El temor a encontrarse protestas a las puertas del Hospital, a muchos kilómetros de la mina, hizo que el ministro y el presidente de la Junta dieran esquinazo a los medios de comunicación. Los medios habían recibido la convocatoria de que Soria y Juan Vicente Herrera visitarían a los heridos ingresados en el hospital a las 19.15 horas de ayer lunes y a la entrada estaban colocados los gráficos y periodistas. Les tomaron el pelo, el ministro y el Presidente de la Junta fueron al hospital sin avisar, fuera de la hora convocada para que no se pudieran tomar imágenes.

Pero tenía que quedar constancia de que el ministro estaba en León, aunque no haya pisado las cuencas mineras. Y para ello se convocó una reunión en la subdelegación del Gobierno de la capital leonesa con representantes de la Junta de Castilla y León, reunión solo con cargos del PP, y posterior rueda de prensa. Le preguntaron a Soria si pensaba visitar las cuencas mineras tal y como le piden los mineros desde hace una año. Su respuesta fue: ” Hay que separa muy bien las razones de un accidente que ha derivado en tragedia de un proceso negociador largo entre ministerio, empresas y sindicatos, que afortunadamente concluyó el uno de octubre con un acuerdo y consenso para la reestructuración del sector hasta 2.018″.

Las familias de los mineros hospitalizados contaron a los medios de comunicación leoneses que los heridos aprovecharon la visita del ministro para pedirle que “arreglara” el problema de la minería leonesa, pero no respondió. Según cuenta hoy el diario El País, Antonio Colinas, delegado sindical de los trabajadores del pozo donde ocurrió el accidente, estaba en el Hospital cuando llegó el Ministro de Industria: “Le hemos echado, le hemos dicho que ni se le ocurriera aparecer por aquí. No sé cómo tiene la vergüenza de aparecer después de lo que nos ha maltratado”. El Ministerio de Industria ha impuesto reducción de plantillas y toneladas antes de 2.018 cuando Bruselas sólo lo exigía a partir de ese año.

Los mineros han asistido a una pérdida de derechos laborales inédita en 25 años, y todo eso después de casi un año sin cobrar, lo que ha dejado a las cuencas mineras leonesas en una situación extrema, desconocida en los últimos 40 años, con muchas familias al límite de la pobreza o en la pobreza.

Entendemos el cabreo que deben tener con el ministro por haberles ignorado y no haber creado su gobierno nuevas empresas para seguir manteniendo a sus familias.Pero hemos de reconocer que es Europa la que pone las pegas a unas explotaciones cuyo carbón sale más caro que comprárselo a otros países.

Desde este modesto blog, dar nuestro más sentido pésame a las familias de los muertos y a sus compañeros por tan sensibles pérdidas.







CARROMERO ASCENDIDO.


No sabemos qué pasa con Carromero que desde que vino de Cuba solamente ha recibido ayudas de los dirigentes del PP. Primero lo sacaron de la cárcel, después lo enchufaron en el Ayuntamiento de Madrid con un “sueldito” para salir adelante y ahora, se ha convertido en el número dos de Nuevas generaciones en una decisión adoptada ayer durante la celebración del comité de dirección de la organización juvenil de los populares.

El sábado, las juventudes 'populares' elegían presidenta a Ana Isabel Pérez con un 55% de los votos de los asistentes al congreso de la organización. Pérez, considerada la 'candidata de Carromero' después de que el dirigente juvenil decidiera no optar a la presidencia de la organización tras la muerte de los disidentes anticastristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en el accidente del vehículo que conducía, ha ofrecido la secretaría general de Nuevas Generaciones en Madrid a Carromero.

Casado, anterior presidente de NN.GG en Madrid y ahora diputado popular en el Congreso, mantiene una larga amistad con Carromero que le llevó a ejercer de portavoz de la familia tras la detención del político madrileño en Cuba. La ex presidenta madrileña fue una de las primeras personas en visitar a Carromero cuando fue trasladado a España para el cumplimiento de su condena a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente. 

Que Carromero, hasta ahora 'número tres' del equipo de Pablo Casado, sea el nuevo secretario general de Nuevas Generaciones en la región, le permitirá seguir manteniendo el control de la organización juvenil del PP en Madrid. Con ello se mantendrá también la influencia de Casado y Esperanza Aguirre. 







lunes, 28 de octubre de 2013

LOS IGNORANTES DE LA SRA. DE COSPEDAL.


Los tres emisarios del Gobierno en la concentración de las Víctimas del Terrorismo, Esteban González Pons, Carlos Floriano y Javier Arenas, han sido recibidos entre abucheos a su llegada a la Plaza de Colón. Así queda reflejado en un vídeo en el que se observa como cientos de manifestantes acusaban a los dirigentes del Partido Popular de ser unos “traidores” Y “sinvergüenzas”. Incluso, algunos ciudadanos les insultaban llamándoles “hijos de puta”.

Tras escuchar los silbidos procedentes de parte de los congregados en la plaza madrileña, los tres dirigentes conservadores Esteban González Pons, Carlos Floriano y Javier Arenas, se han situado en la zona próxima al estrado donde ya se encontraban otros dirigentes populares del PP madrileño: Ignacio González, Esperanza Aguirre y Ana Botella.

A los gritos de “traidores” Y “sinvergüenzas”. Incluso, algunos ciudadanos les insultaban llamándoles “hijos de puta”.

Con ellos también está Arantza Quiroga, la presidenta del PP vasco. Todos juntos, han escuchado las primeras palabras del acto, muy críticas con los gobiernos de Zapatero y también con el Ejecutivo de Rajoy ante decisiones como la “rápida ejecución” de la sentencia de Estrasburgo o la excarcelación de Bolinaga.

Aunque la Sra. de Cospedal intente presentarnos a los que insultaron a sus compañeros como a una minoría que se comportó "de forma muy injusta y con gran ignorancia". 

La secretaria general ha tenido que distinguir entre las personas que abuchearon a los vicesecretarios enviados por ella como representación a la plaza de Colón. Los "injustos e ignorantes" no conocían el sufrimiento del terrorismo. Para algunas víctimas directas que también increparon a los dirigentes del PP, la respuesta fue la usual y la misma que dio Jaime Mayor Oreja: "Siempre tienen razón, nos aplaudan o nos abucheen". Los que portaban banderas preconstitucionales tampoco eran del PP, según Cospedal ya que proferían insultos contra el partido.

El hecho de que Esperanza Aguirre o Ignacio González salieran mejor parados que Mayor Oreja o Iñaki Oyarzábal, por ejemplo, tampoco tiene explicación para Cospedal. En su opinión, todo el PP estaba junto ayer y no hay facciones dentro del partido.

En todo momento, Cospedal intentó vender que la prisión permanente revisable propuesta en la reforma del Código Penal evitará la excarcelación de asesinos y el sufrimiento de las víctimas: "A partir de su aplicación, nunca más un tribunal de fuera, como el de Estrasburgo, podrá desvirtuar lo que hace uno español como el Constitucional".

La responsable del PP también ha infravalorado los ataques y críticas recibidos el domingo. La tensión provocó que los cargos del partido tuvieran que llegar a la plaza de Colón en coche, a pesar de la poca distancia que les separaba desde la calle Génova. La propia web del PP intenta quitar hierro al asunto con las imágenes que ha colgado, que muestran a los dirigentes del PP de camino a la cita con total normalidad. Génova intenta evitar que en las imágenes se vean los momentos de tensión vividos por sus líderes.





LA RELIGIÓN PUNTUARÁ.


La escuela es un espacio cómodo para garantizar la influencia social y la evangelización. Los obispos lo saben y, por ello, no han escatimado en esfuerzos para, bajo Gobiernos de uno y otro signo, mantener su poder en las aulas.

El ministro José Ignacio Wert, con su polémica reforma educativa ha satisfecho varias de las principales reivindicaciones de la Conferencia Episcopal. El proyecto de ley también blinda los conciertos a los centros que segregan por sexo, gestionados en su mayoría por entidades ultra católicas, aunque estos tendrán justificar que su modelo es tan aceptable como el mixto. Y prevé que las autonomías tengan en cuenta la “demanda social” a la hora de programar la oferta de plazas en la etapa obligatoria, lo que se traduce en que esta prerrogativa primará sobre la voluntad de la Administración de proteger a la escuela pública y abre la puerta a la renovación automática de los conciertos. 

Los conciertos con centros de la Iglesia católica se pusieron en marcha en 1985, cuando el Gobierno de Felipe González implantó la doble red sostenida por el Estado para universalizar la educación básica. Hubo entonces concesiones a la enseñanza privada católica y se institucionalizó la concertada. Sectores laicistas criticaron al PSOE por sus posiciones demasiados laxas con la Iglesia. Cinco años después, en 1990, con González todavía como jefe del Ejecutivo, se puso en marcha la LOGSE. Bajo esta ley, la asignatura de Religión quedó establecida como optativa para el alumno, pero obligatoria para el centro. Era –en realidad lo sigue siendo hasta que entre vigor la nueva reforma– evaluable, aunque no contaba para la media ni tenía una alternativa fuerte como venían reclamando los obispos.

Y eso que la llamada 'ley Wert' incluye viejas reivindicaciones de la jerarquía católica como que la calificación de la asignatura de Religión cuente para hacer media y para acceder a becas –esto no ocurría desde 1990– y que ésta tenga una alternativa fuerte. O que desaparezca Educación para la Ciudadanía, materia que se implantó en 2006 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que es considerada por los obispos como un instrumento que utiliza el Estado para adoctrinar ideológica y moralmente a los alumnos. 

Una vez más el Gobierno de Rajoy se pliega a las exigencias de la Iglesia y con el temor de perder el apoyo que esta le ha prestado cuando estaba en la oposición y la complicidad apoyando los recortes del gobierno actualmente.

Fuentes parlamentarias confirman que el Grupo Popular en el Senado estudia incluir una enmienda al proyecto de la LOMCE para que la asignatura de Religión sea también de oferta obligatoria en Bachillerato e Infantil, tal y como le reclaman los obispos. 

En el proyecto de ley esta asignatura se incluye en Bachillerato e Infantil como una materia específica optativa más dentro de un bloque de más de diez del que los alumnos están obligados a cursar un mínimo de dos y máximo de tres. Mientras, en la ESO y en Primaria se introduce en los grupos de asignaturas específicas obligatorias con elección entre ésta y Valores Éticos o Valores Culturales y Sociales.

En la redacción que el Gobierno remitió al Congreso se detalla que "la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa Sede y el Estado español". Y ese Acuerdo señala que "los planes educativos" en Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP –en el texto, que data de 1979, se les nombra con sus equivalentes en la época– "incluirán la enseñanza de la Religión Católica en todos los centros de educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla". 

Así –que si Dios no media – los Obispos vuelven a ganar la batalla de la enseñanza mientras no se vuelva a revisar el Concordato y se imponga el criterio de nuestra Constitución en contra de los de una Iglesia cada vez más alejada de sus fieles.